Almagro aboga en Praga por sanciones “más duras” de la Unión Europea contra Venezuela

PRAGA. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, defendió hoy en Praga que la Unión Europea (UE) debe adoptar sanciones “más duras” contra el Gobierno de Venezuela.

“Sigo insistiendo en que los países de la UE y otros países europeos tienen que aplicar sanciones más duras para Venezuela, a las que se tienen que sumar otros países de la región”, dijo el responsable de la OEA en la conferencia “Iberoamérica: cien años de amistad” que se celebra en la capital checa.

Reconoció que algo se ha avanzado en materia de sanciones, pero abogó por un cambio cualitativo. “Faltan niveles distintos de sanciones que afecten más las variables del funcionamiento financiero del régimen, que afecten más a los familiares de los dictadores, más a los testaferros de los dictadores”, explicó Almagro.

“Porque no tiene sentido aplicar las sanciones a Diosdado Cabello, al mismo tiempo que la señora de Diosdado Cabello está comprando inmuebles en Europa.

Se desvirtúa completamente el efecto de la sanción”, matizó el uruguayo. Diosdado Cabello es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y uno de los hombres fuertes de Gobierno dirigido por el presidente Nicolás Maduro.

“Hace falta una siguiente fase de apoyo de los países a este mecanismo para profundizar en las sanciones”, añadió Almagro.

“Si hubiéramos tomado sanciones más duras desde hace dos años, hubiéramos ahorrado quizás de tres a cuatro millones de emigrantes venezolanos”, consideró el político uruguayo sobre el éxodo de población que experimenta el país caribeño.

El jefe de la OEA también considera que con ayuda de esas sanciones se podría haber “salvado la vida de muchos de los niños que murieron en los hospitales por no poder hacer un tratamiento, y hubiéramos evitado los 300.000 niños con desnutrición infantil que hay en este momento”.

La OEA lleva cuatro informes sobre Venezuela, y el último de los cuales, fechado este año, declara ilegítimo el proceso electoral que conduce a los comicios presidenciales del 20 de mayo, un proceso electoral que la oposición anunció que boicoteará.