Este 30 de mayo se conmemoran 64 años del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador que gobernó la República Dominicana con puño de hierro durante más de tres décadas. Su caída representó un punto de inflexión en la historia del país, marcando el inicio de un camino hacia la democracia, la justicia y las libertades civiles. Sin embargo, a más de medio siglo de ese acontecimiento, las amenazas contra la libertad de expresión no han desaparecido del todo.
En tiempos recientes, periodistas, activistas y medios independientes en República Dominicana y otros países de la región han denunciado presiones políticas, censura indirecta, campañas de descrédito y restricciones legales que limitan el ejercicio del periodismo libre. Aunque ya no existen los métodos represivos de la era trujillista, nuevas formas de silenciar voces críticas han surgido, muchas veces disfrazadas bajo discursos de protección institucional, moral pública o estabilidad nacional.
El legado de resistencia de figuras como las Hermanas Mirabal y los ajusticiadores del 30 de mayo nos recuerda que la libertad no se hereda: se defiende todos los días. Honrar esa historia implica reconocer que la lucha por la libre expresión no ha terminado. Es responsabilidad de los ciudadanos, los comunicadores y el Estado garantizar que nunca más se repitan los errores del pasado.
A 64 años del fin de una dictadura, la libertad de expresión sigue siendo el pilar fundamental de una democracia verdadera. Pero como bien sabemos, si no se protege, puede volver a tambalearse.
