Varios gobiernos latinoamericanos han destinado millones de dólares a servicios de lobby en Washington con el objetivo de influir en la administración del expresidente Donald Trump, según informes oficiales y registros públicos de contrataciones. Países como El Salvador, Argentina y Panamá figuran entre los que más han invertido en esta estrategia, buscando asegurar acuerdos económicos, cooperación en seguridad y respaldo político.
Durante la presidencia de Trump, marcada por un enfoque más transaccional y exigente hacia América Latina, muchos gobiernos optaron por contratar firmas de relaciones públicas y cabildeo con estrechos vínculos con la Casa Blanca y el Congreso estadounidense. El objetivo era claro: ganar acceso a funcionarios clave, promover agendas bilaterales y suavizar tensiones diplomáticas.
En el caso de El Salvador, por ejemplo, el gobierno firmó contratos con firmas influyentes para garantizar apoyo en temas de seguridad fronteriza y cooperación militar, mientras que Argentina destinó fondos a mejorar su imagen frente a los organismos financieros de EE.UU. y a gestionar el respaldo estadounidense en negociaciones con el FMI. Panamá, por su parte, buscó afianzar relaciones comerciales y atraer inversión extranjera, especialmente tras su ruptura diplomática con Taiwán en favor de China.
Expertos en relaciones internacionales advierten que si bien el lobby extranjero es una práctica legal en EE.UU., plantea interrogantes sobre la transparencia, el uso de fondos públicos y la dependencia política de gobiernos latinoamericanos hacia Washington. Además, señalan que el enfoque de “pago por acceso” podría debilitar las vías diplomáticas tradicionales y poner en desventaja a aquellos países sin capacidad económica para contratar estos servicios.
Con un posible regreso de Trump al escenario político, muchos observan con atención si esta tendencia de inversión millonaria en lobby se reactivará, consolidando aún más la política exterior como un terreno donde las conexiones privadas influyen tanto como las decisiones de Estado.
