La aprobación del nuevo Código Penal introduce modificaciones orientadas a reforzar la lucha contra la corrupción y otros delitos económicos en la República Dominicana.
Entre los principales cambios se incluyen el endurecimiento de las penas por corrupción administrativa, la ampliación de los plazos para su persecución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de los funcionarios condenados por estos delitos, asimismo se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, permitiendo sancionar a empresas cuando determinados hechos delictivos sean cometidos en su beneficio.
La legislación también incorpora nuevos tipos penales, entre ellos la obstrucción de la justicia, las falsas denuncias y la intermediación financiera ilegal, con el propósito de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la respuesta del Estado frente a nuevas formas de criminalidad organizada y económica.
