La Comisión de Revisión de la Ley 16-26 dio un paso clave para el inicio del proceso de reconocimiento y pago de las deudas del Estado con contratistas, al aprobar el protocolo que establecerá los procedimientos para evaluar y tramitar los expedientes de quienes cumplan con los requisitos establecidos en la legislación.
La decisión fue adoptada durante la primera sesión de trabajo de la comisión, presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz quien encabezó los trabajos dirigidos a definir los criterios técnicos y administrativos que regirán el proceso.
De acuerdo con las autoridades, el protocolo establecerá los procedimientos, requisitos y mecanismos de evaluación que deberán cumplir los contratistas para optar por el reconocimiento de las acreencias, garantizando un proceso transparente, ágil y con seguridad jurídica.
Asimismo se informó que el documento será de conocimiento público y contará con la supervisión de los órganos de control correspondientes, así como de los veedores designados, con el propósito de fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso.
La Ley 16-26 beneficiará a contratistas que ejecutaron obras y prestaron servicios para diversas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), entre otras entidades públicas.
Con la aprobación del protocolo, la comisión abre el camino para iniciar formalmente el proceso de revisión de las solicitudes y avanzar hacia el reconocimiento y pago de las deudas pendientes conforme a lo establecido por la Ley 16-26.
